Matías García vive en un piso de protección oficial desde hace algo más de un año. El segundo primera es su casa y la de su hijo de diecinueve años. El barrio de la Verneda es uno de los más humildes de Barcelona. Allí está situado su nuevo hogar, a sus 57 años y con cuatro intentos de desahucio a su espalda. Desde que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le ayudó a paralizarlos, Matías no se pierde ni un acto de protesta.

La camiseta verde de “Stop desahucios” que cuelga del respaldo de una silla, predomina sobre el resto del mobiliario. “Acabo de llegar de una acción de la PAH”, confiesa Matías mientas me da la mano. La televisión plana está encendida, y las facturas impagadas se acumulan encima de la mesa plegable. Un colchón individual contra la pared, un mueble librería sencillo y cajas con objetos varios al otro lado de la estancia. En su comedor, Matías revisa los recibos del gas, el agua y la luz. “Tengo tres facturas del gas pendientes, dos de electricidad y dos más del agua”, asegura sin quitar la vista de los papeles. “A fecha de hoy debo 409 euros”, se lamenta.

Unas finanzas imposibles de cuadrar

Cuatro años en el paro han dejado a Matías con unas finanzas imposibles de cuadrar. Recibe cada mes una ayuda de 426 euros por ser mayor de 52 años. “Pago 71 euros del alquiler, 38 de la escalera, 30 euros que me reclama Hacienda de un bar que tenía, y 50 euros más de un crédito”, Matías echa cuentas. “Y lo primero que hago cuando cobro la ayuda es ir al supermercado y llenar la nevera para poder comer mi hijo y yo”. Para él, como para cualquiera, poder comer es lo primero. Así que las facturas quedan en un segundo plano.

Veo en un papel pequeño unas letras escritas en rojo, rezan la palabra “urgente”. Es un aviso de corte inminente en el suministro de electricidad. “Hace dos semanas me cortaron la electricidad y tuve que pagar 150 euros, me quedé sin un puto duro”, recuerda con un destello de amargura. El caso de este mecánico industrial, reconvertido en hostelero, arrollado por la crisis económica y, actualmente, parado de larga duración es el mismo que el de otros muchos españoles. Tan sólo en Catalunya existen 500.000 personas que se encuentran en riesgo de padecer cortes en el suministro de electricidad, agua o gas, por no poder pagar las facturas.

El Síndic quiere que los “pobres energéticos” no tengan cortes

En su despacho, Rafael Ribó  Síndic de Greuges-Defensor del Pueblo en Catalunya, escoge un libro de la estantería. Mientras se ajusta sus gafas de ver, toma unos segundos antes de responder a las preguntas del periodista sobre la “tregua energética”. “Es una práctica que ya se hace en otros países como Inglaterra, Francia, Bélgica”, reflexiona. “Consiste en que no cortar los suministros y permitir que las personas en riesgo de exclusión no paguen sus facturas hasta después del invierno”. Se trata del nuevo informe de un personaje discreto al que la crisis económica ha colocado en el foco mediático más a menudo de lo que a él le hubiera gustado.

La idea va destinada a Generalitat y empresas suministradoras. Lo que propone el Defensor del pueblo catalán no es una condonación de las deudas, sino un aplazamiento y un estudio de nuevas formas de pago. “Estaríamos hablando de crear una bolsa de ayudas con las que abonar los recibos o que el propio cliente pudiera negociar con la empresa de suministros un fraccionamiento de los pagos”, aclara el Síndic.

Con una “tregua energética” Rafel Ribó pretende evitar los cortes de electricidad, luz y gas en los meses de mayor demanda (sobretodo en invierno) en los casi 193.000 hogares catalanes que padecen el fenómeno conocido como “pobreza energética”. Pero la tregua es tan sólo una de las propuestas que mayor eco mediático se ha ganado. El Síndic propone crear una comisión de trabajo, establecer un precio social para el butano, apostar por unas tarifas progresivas del agua, implicar a las redes de vivienda social y difundir la información sobre ayudas y bonificaciones en los recibos de los suministros. El informe ya ha sido enviado a Generalitat, empresas, y organismos públicos implicados.

Una “tregua energética” que se queda corta:

 “Yo no sé si la podré encender este invierno, con el frío que pasamos aquí, pero el palo de gasto va a ser gordo”, teme Matías mientas saca la estufa eléctrica, guardada detrás de la puerta de su habitación. “Si paralizamos los pagos de las facturas y luego tenemos que pagarlas en febrero o marzo no hacemos nada, estamos en las mismas…, estamos entrampaos”, se sincera Matías. Señala las facturas que cuelgan de imanes en la puerta de la nevera. Un frigorífico donde casi hay más facturas que comida. Al lado se encuentra la secadora, desenchufada claro. “Hace dos meses que no la enciendo, no puedo con los palos que me vienen de luz es imposible”, reconoce. “Más que una tregua, lo que tendrían que hacer es darnos descuentos o que no pagáramos”, reflexiona este ex mecánico industrial reconvertido en activista de la PAH.