“Se ofrece persona para transporte y mudanzas”. Colocar carteles donde Miguel R. ofrece sus servicios, en farolas, semáforos y otros lugares de la vía pública de la ciudad de Barcelona le puede costar muy caro. Aproximadamente el montante asciende a 160.000 euros de multas acumuladas de las que Miguel asegura no haber recibido notificación en su domicilio. “Si a mí me hubieran dicho que por cada cartel me iban a multar con 375 euros, os aseguro que hubiese dejado de ponerlos”, dice arrepentido.

Con 63 años,  jubilado y cobrando una pensión de 1000 euros, Miguel no puede hacer frente al alquiler de su piso y A la manutención de sus dos hijos en paro. Por eso pensó en el transporte para conseguir un sobresueldo. Fue en 2010 cuando empezó a poner carteles en Barcelona y otras ciudades cercanas como Sant Cugat o Gavà. “La policía municipal de Sant Cugat me llamó y me dijo que dejará de colgar carteles porque me iban a multar, entonces ya no puse ninguno más”, asegura mientras deja en el aire una pregunta evidente, ¿por qué el ayuntamiento de Barcelona no hizo lo mismo?

Según el Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona, la Guardia Urbana descubrió in fraganti en dos ocasiones a Miguel colocando carteles en el barrio de Horta, de la ciudad Condal. Aseguran fuentes municipales que Miguel declinó firmar sendas multas y que por parte del ayuntamiento se siguió el circuito habitual de notificación de amonestaciones. Después en esta rocambolesca historia se entremezclan un cambio de domicilio y una total despreocupación del multado, durante todo este tiempo.

Y las multas se multiplicaban, como también lo hacía su importe, por cada cartel que la Guardia Urbana iba fotografiando. “He llegado a ser multado tres veces en el mismo día”, asiente abatido Miguel mientras ojea el grueso tomo donde tiene especificadas todas las amonestaciones. Hasta 300 multas ha llegado a acumular a su nombre sin que, según Miguel, él fuera consciente. Y así pasaron los años hasta que antes de las últimas navidades Miguel decidió ir a Hacienda a pagar el impuesto de circulación de su vehículo. Fue entonces cuando le comunicaron que debía abonar cerca de 160.000 euros de multas impagadas.

El abogado del demandado, Roberto Castro asegura que la actuación municial  se trata de un acto “humanamente reprobable” dada la delicada situación económica y personal de su cliente.  Además Castro dice ver indicios de “ensañamiento” en la actuación reiterativa de la Guardia Urbana. De momento el letrado ha presentado varias alegaciones para evitar el pago de la astronómica cifra. “No lo voy a pagar, ni aunque viviera tres generaciones podría pagarlo”, esgrime desesperado Miguel. El Ayuntamiento por su parte dice que en el plazo de un mes se resolverán todas las alegaciones.  Será entonces cuando Miguel conocerá cuanto ha de pagar por haber intentado conseguir trabajo colocando carteles en la calle.