El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el juicio por el 9N.

“No se está juzgando ni persiguiendo a la democracia”, ha alertado el fiscal Sánchez Ulled casi al inicio de las dos horas de su intervención. Quienes escuchaban en la sala eran los tres encausados: Mas, Ortega y Rigau. “No estoy disfrutando con esto”, -ha llegado a confesar el representante del ministerio público-, para luego asestar un gancho directo de derecha a los autores del 9N “se articuló una estrategia de desafío abierto a lo ordenado al TC”. La estrategia del fiscal ha sido clara, los tres acusados “eran conscientes del mandato y prescindieron caprichosamente de la decisión del alto tribunal”.

Tan claro lo ha visto Sánchez Ulled que, puestos a hacer hipótesis, no ha podido evitar asegurar que si los acusados hubieran decidido contestar a sus preguntas les hubiera preguntado: “¿dígame qué es lo que no entiende de la providencia del TC?”. Porque para el fiscal, “de la mera lectura de la providencia cualquiera entiende a que se está refiriendo el Tribunal Constitucional”. A pesar de ser plenamente conscientes Sánchez Ulled ha tratado de acreditar que la Generalitat se encontraba detrás de la gestación del proceso participativo, aunque “todo se hacía de forma encubierta”. Tal era el juego de espejos y engaños, según el fiscal, que ha llegado a espetar que “el Tribunal Constitucional no podía imaginarse una deslealtad institucional de tamaño calibre”.

Pero el gran redoble de tambores se ha hecho escuchar en los últimos compases del informe del ministerio fiscal. Sánchez Ulled no ha querido pasar por alto lo excepcional de este procedimiento, “ha sido un juicio perturbador, de gran trascedencia mediática, donde he tenido la sensación de estar en medio de una batalla entre demócratas y leguleyos”. En el último suspiro, el fiscal ha hecho todo un alegato sobre la independencia de la institución. “Yo no hubiera consentido indicaciones del Gobierno”. Como colofón, todavía quedaba la revelación de un secreto, “Consuelo Madrigal me dijo que quería una valoración técnica rigurosa en el sentido que sea, tanto para archivar como para acusar”. Y en cuanto a la sala, “este tribunal sería igualmente democrático tanto si se absolvieran como si se condenaran a los acusados”, ha remachado. Sánchez Ulled ha dejado el terreno abonado para los ataques velados de las defensas.

Como era de esperar las tres defensas han pedido la absolución de sus representados. El caballo de batalla para los abogados ha sido crear la duda sobre si sus clientes habían o no obedecido la providencia del TC argumentando que ésta no había conllevado un requerimiento. “No se puede desobedecer lo que no ha sido requerido”, ha apuntado Xavier Melero letrado de Artur Mas. “El señor Mas no tenía la menor intención de desobedecer al Tribunal Consitucional, pero se encontraba en una encrucijada, actuar de forma positiva para paralizar aquello en lo que se habían vertido muchos recursos, con un mandato parlamentario, ante una orden que se tanteaba difusa y de alcance poco concreto”. Melero ha continuado en ese sentido. “Si el día 9 de noviembre no llega una paralización del Tribunal Constitucional, ¿qué hago yo, lo paro?, ¿paro lo que no han parado los jueces?” El letrado ha presentado al ex presidente catalán como alguien que tenía “la creencia de que la supuesta resolución no imponía un deber positivo de impedir”. Y en el caso de que su hubiera equivocado, habría sido con posterioridad y de la mano de mucha gente”, ha asegurado.

La misma línea argumental ha seguido Rafael Entrena, abogado defensor de la ex-vicepresidenta Joana Ortega, “No hubo desobediencia, pero si la hubo, no fue abierta, ni manifiesta, ni patente, ni reiterada”. Entrena no ha dejado escapar la oportunidad de recoger el guante lanzado involuntariamente por el fiscal, atacando dónde más podía dolerle. “Algunos creen que este tribunal tiene un reto muy difícil a tenor de la expectación mediática, pero yo creo que es fácil, únicamente tienen que demostrar que hacen lo que saben hacer, valorar los hechos y dictar una sentencia justa”.

Quien ha sabido aprovechar con más acierto la defensa acérrima a la independencia llevada a cabo por el fiscal ha sido la tercer de las defensas en liza. “Hemos empezado con mal pie si el informe fiscal se ha utilizado para justificar sus actitudes frente a este procedimiento”, ha arrancado Jordi Pina, letrado de la ex consejera de Educación, Irene Rigau. “Es la primera vez que la fiscalía se excusa por sus comportamientos y actitudes”, ha hecho mella. Pina ha acusado a la Abogacía del Estado de actuar con mala fe procesal por no haber pedido la ejecución de la resolución del TC. “¿Creen que se puede desobedecer cuando se ha pedido una aclaración del dictamen?, ha inquerido.

Si acreditar que no ha habido desobediencia ha sido el corpus central del descargo llevado a cabo por las defensas, no menos contundentes han sido los alegatos en torno a la ausencia de prevaricación. “Los voluntarios ejecutaron el proceso, abrieron los locales, cogieron los datos, los gestionaron y lo hicieron de forma pacífica”, ha apuntado Entrena. Una idea que se ha visto culminada con la afirmación más categórica escuchada en la sala en el último día del juicio por el 9N: “el gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados, es por eso que la Abogacía del Estado pide meter con calzador el delito de prevaricación”, ha espetado con contundencia la defensa de Rigau. “Por desobediencia la inhabilitación es de 8 meses, por prevaricar es de 9 años”.

El turno para el uso de la última palabra ha sido el prime time de una sesión que ha durado seis horas y media. El ex presidente de la Generalitat ha tomado la palabra en primer lugar. Seguro y firme en sus convicciones se ha mostrado educado, tanto, que ha agradecido el trabajo y el uso de las formas correctas realizado por todos, incluido el ministerio fiscal. Ha sido un espejismo, un aplique de vaselina preludio del mazazo, mitad alegato, mitad discurso político. “El fiscal ha asegurado que ese juicio se produce porque desobedecimos al TC, pero estamos aquí porque el 9N fue un éxito que no gustó a determinadas instancias del Estado y del Gobierno Español”, ha asegurado. “Y eso no se consideró un desafío y ahora pretenden que este desafío se parte por parte de algunos”.

Mas ha continuado responsabilizándose del proceso participativo con todo lo que eso conlleva en términos democráticos, a su parecer, “me declaro responsable de haber escuchado a la gente en la calle y en las urnas y también de haber escuchado al Parlament”, ha apostillado. Ha afirmado que no se escondió detrás de los voluntarios alegando que a éstos no se les podían dar órdenes. Por contra, ha asegurado no haber cometido ningún delito ni de haber desobedecido, igual que han manifestado Ortega y Rigau. “En nuestro ánimo no se encontraba el hecho de desobedecer pero sí de plantar cara a un gobierno español que no quería que la gente participara expresándose para conocer lo que hoy es el elemento central de la política catalana”.

El ex president ha querido dejar una sentencia levitando en la sala cuando ha asegurado que el 9N fue el símbolo de lo mejor de la sociedad catalana, “y en lugar de sentirnos orgullosos de la colaboración y el altruismo, lo queremos convertir en un delito, que pena, que inmenso error”, se ha lamentado. Por su parte Joana Ortega, se ha mostrado orgullosa de “haber dado la voz al pueblo”, porque, a su parecer, “no es ningún acto criminal”. Ha asegurado tener la conciencia muy tranquila y ha agradecido a los voluntarios su trabajo durante porque “fueron el verdadero motor del 9N”.

La ex consejera Rigau ha querido parafrasear al poeta Machado, “para dialogar preguntad primero, después escuchad”, para luego recordar a la sala que “España parece que ha olvidado estos versos. La ex responsable del departamento catalán de Educación ha querido desterrar la idea de que desde instancias públicas se hubiera presionado a los directores de centros escolares para ceder los institutos para alojar las votaciones. “Durante mi mandato potencié la autoridad de los directores, ¿cómo podría pedirles algo irregular o hacer una interpretación chapucera de la legalidad”. Ha querido el azar que la última en tomar la palabra inoculara, en los presentes, el espíritu de hacer de lo imposible lo posible. “Este febrero hace 40 años de una manifestación no autorizada, aunque tolerada, llevaba el eslogan de libertad, amnistía”, ha dicho Rigau. Y ha terminado lanzando una advertencia a todos y en especial a los soberanistas, “no me me puedo imaginar de ninguna manera que como resultado de este juicio empezara un camino de involución política”. Un último alegato ha sonado a repelente de malos augurios que un miedo. El caso esta visto para sentencia.