Decenas de personas pendientes de obtener la nacionalidad española podrán ejercer el derecho de sufragio mediante la cesión de voto, a través de la iniciativa en redes sociales #votaresunderecho

Safia El Addam, impulsora de la cesión del voto, sostiene el cartel de la campaña #votaresunderecho. DIEGO SÁNCHEZ

Por Diego Sánchez

“Quiero la nacionalidad española porque es mi identidad, la quiero porque es mía, y porque nací aquí, no la quiero comprar”, dice convencida Safia El Aaddam, estudiante de Filología Árabe. Hija de dos inmigrantes bereberes que llegaron hace 30 años a España procedentes de Nador, -cerca de Melilla-, Safia se interesó por obtener la nacionalidad española cuando con 18 años recién cumplidos vio con impotencia como sus compañeros de clase podían votar y ella no. “Mi identificación empieza con una x y la de ellos no”, se lamenta esta activista antirracista.

Desde que Safia puso un pie en un registro civil para solicitar un expediente de nacionalidad, -hace cinco años-, asegura haber pasado un calvario de esperas, trámites, desinformación y silencios administrativos, que han postergado de forma indefinida la obtención de la nacionalidad española. Harta de esta situación, y en vísperas de un macro ciclo electoral, decidió provocar un tsumani en redes sociales. “Lancé una foto mía en Instagram y Twitter en la que pedía a las hijas e hijos de inmigrantes que se encontrasen en mi misma situación que contactaran conmigo”, recuerda todavía con incredulidad.

Qué la voz de los hijos de los inmigrantes lleguen a las urnas

En pocas horas recibió 2800 me gusta en Instagram. Le contactaron decenas de personas hijas de inmigrantes, pero también muchas otras que querían ceder su voto de forma altruista. “Entonces se me ocurrió que, paralelamente a la lucha para denunciar las trabas que la Administración pone para conseguir la nacionalidad, podía ayudar a colocar un parche, poniendo en contacto a personas que no pueden votar, con aquellas que deciden ceder sus votos”, cuenta Safia con luz en los ojos. “Quería que las voces de las hijas e hijos de los inmigrantes lleguen a las urnas a través de otras personas”, remacha. Ahí se inició la campaña por el derecho al voto.

Dicho y hecho. La semilla de la revolución ya se había inoculado bajo hashtags como: #votarnoesundelito, #dejanosvotar, #cedenostuvoto o #tecedomivoto. Lo demás quedó en manos de los algoritmos. En menos de dos semanas, de no tener casi seguidores en Twitter, Safia ha pasado a contar con 400 followers. Aunque es en Instagram donde ha cultivado un mayor apoyo: ha pasado de 1000, a 4000 seguidores. “Tenemos otra cuenta de Instagram titulada “votar es un derecho”, que en cuatro días ya tiene más de 500 seguidores”, asegura Safia.

Una ola de solidaridad en las redes

La avalancha de comentarios en redes pidiendo y cediendo el voto ha sido de tal magnitud que se ha creado una página web (www.votaresunderecho.es) para gestionar esta inmensa ola de solidaridad. “Una chica ha diseñado la página de forma gratuita, en ella hay un apartado donde se puede pedir el voto, otro en el que se puede ceder el voto, y una base de datos que es donde la gente se pone realmente en contacto”, explica con sencillez esta activista. La página fue lanzada el pasado 30 de marzo, y un enorme contador en tiempo real señala que ya hay más 400 personas dispuestas a dar su voto, y otras 700 que lo solicitan, porque no pueden hacerlo.

Pantallazo de uno de los comentarios recibidos a raíz de la iniciativa en redes sociales #votaresunderecho

Pantallazo de uno de los comentarios recibidos a raíz de la iniciativa en redes sociales #votaresunderecho

Pantallazo de uno de los comentarios recibidos a raíz de la iniciativa en redes sociales #votaresunderecho

Safia, -@hijadeinmigrantes en Twitter-, busca con ímpetu en el carrete de fotografías de su móvil algunos “pantallazos” que ha hecho a los centenares de comentarios que se han producido. Algunos aportando su granito de arena. “Hola, me gustaría ceder mi voto. Soy De Madrid”. “Desde Galiza cedo mi voto. ¡Fuerza!”. Otros llenos de emoción. “¡Qué ilu después de 21 años en España, por fin podré votar. Bueno, casi, pero si, gracias a la cesión de voto mi intención llegará a las urnas!”. También, los ha habido de españoles que quieren votar, y no pueden. “He visto tu post en Twitter y yo estoy en una situación en la que, a mis 21 años y estudiando en Alemania, no puedo realizar mi voto. El Consulado ni me quiere responde. ¿Tú sabes cómo acceder a personas que puedan cederme su voto?”. “Yo creo que a día de hoy hay 100 personas que ya tienen su voto”, cuenta con satisfacción Safia.

Pantallazo de uno de los comentarios recibidos a raíz de la iniciativa en redes sociales #votaresunderecho

El laberinto de solicitar la nacionalidad

“La nacionalidad es necesaria para optar a una plaza de funcionaria, yo quiero trabajar como profesora de árabe, también quiero votar y que alguien me represente, quiero elegir a quien acabe gestionando mis impuestos”, se lamenta Safia. Con 18 años en el registro civil le dijeron que había una lista de espera de dos años. A los 20, le dijeron que las cosas habían cambiado y que tenía que presentarse a dos exámenes en el Instituto Cervantes para comprobar su grado de integración. “Yo no tengo que hacer ningún examen para demostrar mi integración, yo he nacido aquí, este es mi país, no tengo que demostrar nada”, relata con amargura, a sus 23 años.

“El examen de conocimiento y cultura cuesta 125 euros, y el de idioma español unos 85 euros, es un gran negocio porque además los centros adscritos ofrecen cursos preparatorios”, apunta Ana González, abogada de Extranjería en la Cooperativa Socio Jurídica Iacta. Algunas preguntas tienen que ver con el sistema institucional español, comidas típicas en fiestas patronales, o los ríos de la Península Ibérica. En cuanto a la segunda prueba, se evalúa la fluidez oral, la comprensión lectora y la escritura en castellano. “No son pruebas que evalúen la integración, son totalmente arbitrarias”, defiende González.

Safia El Aaddam sostiene su NIE (Número de Identificación de Extranjero). DIEGO SÁNCHEZ

Una dispensa que no llega

En el artículo 10 de la nueva ley de nacionalidad de 2016 se establecen aquellos casos que pueden quedar exentos de realizar los exámenes mediante una dispensa. Aquellas personas con dificultad de aprendizaje, las que tengan la capacidad disminuida, los analfabetos, los menores de edad, y los que hayan sido escolarizados en España. Es el caso de Safia. “Solicité la dispensa, pero llevo más de un año esperando y no he recibido respuesta”, se lamenta. “El problema con la dispensa es que el Ministerio de Justicia todavía no la ha reglamentado, no sabemos si se debe presentar antes de solicitar el expediente de nacionalidad, o cual es el plazo que la administración se da para resolverla”, cuenta con incertidumbre la especialista en Extranjería.

Someterse a los exámenes de integración es solo uno de los requisitos. Para obtener la nacionalidad se debe presentar un justificante de residencia de 10 años (dos para los procedentes de países iberoamericanos, y un año cuando se contrae matrimonio con un español), los antecedentes penales expedidos por el país de origen, el certificado de nacimiento, de empadronamiento, etc. “Un laberinto sin salida”, asegura Safia en su escrito de Instagram.

La media de espera es de dos a tres años

En 2016 la ley de nacionalidad intentó modernizar y agilizar los trámites. “La idea era hacerlo todo de forma telemática, con un certificado digital, pero muy pocos optan por esta vía, puesto que requiere muchos conocimientos informáticos”, recuerda Ana González. La media de espera para conseguir ser ciudadano nacional es de dos años si uno se decide a hacerlo de forma electrónica, y de unos tres, si opta por la vía tradicional, a través de un registro público. En España la transmisión de nacionalidad continúa siendo ius sanguinis (derecho de sangre), es el padre y la madre los que dan la nacionalidad al niño. En cambio, en otros países tradicionalmente receptores de inmigración, como en Latinoamérica, se realiza a través de la ius solis (derecho del lugar). Desde Iacta aseguran que los mecanismos para obtener la nacionalidad en España están marcados por unas políticas restrictivas y de control migratorio. “La ciudadanía, -con todos sus derechos-, se asocia erróneamente a la nacionalidad”, denuncia González de Iacta.