En la mesa varios portavoces de las diferentes asociaciones que forman parte de la Alianza contra la pobreza energética.

En España el 15% de su población sufre pobreza energética, según  dice la Alianza para combatir la pobreza energética. Se trata de una nueva iniciativa surgida de la sociedad civil que pretende poner en el ojo del huracán mediático, pero sobre todo en la lista de la agenda política, el drama de aquellas personas que no pueden pagar las facturas de la luz, el gas o el agua. La Alianza está compuesta por varias asociaciones y colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Coordinadora de Trabajadores en Paro de Catalunya, el Frente Cívico  de Catalunya, entre otras.

Y ha sido en esta Comunidad Autónoma, frente a su Parlamento donde han presentado en rueda de prensa toda una declaración de intenciones.  “Vamos a entregar una carta a los parlamentarios para que se convoque urgentemente una mesa de pobreza energética en donde la sociedad civil pueda participar”, ha asegurado Ada Colau, portavoz de la PAH.

La moratoria que aprobó el Parlamento de Catalunya para que las compañías energéticas no cortaran los suministros durante el invierno a aquellas familias que no pudieran pagar es, a todas luces, “insuficiente e inútil”, según se ha puesto hoy de manifiesto. “La moratoria se acaba en un mes y medio, necesitamos una ley que prohíba los cortes durante todo el año y que la deuda de las familias vaya a cargo de los beneficios de las energéticas”, ha proclamado Diosdado Toledano, portavoz de la Coordinadora de Trabajadores en Paro de Catalunya.

La ubicación de este acto, casi fundacional, no ha sido baladí porque del Parlament de Catalunya depende que se apruebe el nuevo Decreto Ley sobre el Código de Consumo por el cual se garantiza por ley el pago de la deuda a las compañías energéticas. “Hay prevista una marcha de trabajadores en paro el próximo 22 de febrero desde Castelldefels a la que se van unir otras con el objetivo de entregar una carta en el Parlament para garantizar que no habrá cortes”, ha anunciado Diosdado Toledano.

A esta nueva formación de la sociedad civil no le faltan argumentos para sus demandas. Según sus portavoces en Catalunya existen 2,2 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, de las que 300.000 son niños pequeños. En tierras catalanas también existen 225.000 familias que tienen a todos sus miembros en el paro, según la Alianza. Unas cifras que contrastan con el optimismo de la ministra de Sanidad Ana Mato. En sesión parlamentaria del Senado aseguró que la pobreza en nuestro país ha bajado en el último año. En concreto la ministra se refería a la pobreza infantil y ponía en relieve los datos del INE según los cuáles ésta había disminuido un 1,2% en 2013. “Es una  vergüenza cómo frivolizan tanto los parlamentarios del PP como los del PSOE que no tienen ni idea de cuál es la realidad del país”, ha respondido Ada Colau de la PAH. Más tajante ha sido  Diosdado Toledano de la Coordinadora de Parados de Catalunya que considera que “ lo que dice Ana Mato es falso porque con la bajada de las prestaciones por desempleo cada vez hay más personas que no reciben ingresos”.

Desde el Gobierno de Catalunya también se ha avivado la polémica por boca de  Francesc Homs, consejero de presidencia. Para Homs el actual debate sobre la pobreza representa una gran oportunidad, dejando abierta cualquier tipo de interpretación a sus palabras. Más concreta ha sido su insinuación sobre  la existencia de un posible paro estructural del 19% que afectaría a Catalunya desde 2008. Para el gobierno de Artur Mas también ha habido críticas. “En Catalunya existe un error de fondo que es la creencia de que aquí padecemos un paro estructural, lo que hay es una estafa y una corrupción estructurales”, ha arremetido Ada Colau contradiciendo las palabras del conseller.