José García en la iglesia del Penal de Palmasola en Bolivia, hace unos meses.

A José García, el español discapacitado preso en la cárcel de Palmasola (Bolivia) por tráfico de drogas se le acaba el tiempo para beneficiarse de un indulto humanitario. El próximo 14 de septiembre termina el real decreto por el cual se otorga el traslado a los países de origen para presos extranjeros en aquel país. Para acogerse al perdón las condenas no deben ser superiores a los 8 años, ni como consecuencia de delitos de sangre. Es el caso de José, quien pretendía volar a España con casi medio quilo de cocaína líquida en su estómago a cambio de 10.000 euros. Según su hermano, Manuel Garía, José o “Pepito” como lo llaman familiarmente, es “un retrasado mental”, sin maldad al que “se puede manipular fácilmente”. Víctima de un engaño, según la familia, lo detuvieron en el aeropuerto de Viru Viru, en el país andino. A pesar de que el juicio del español se celebró el pasado 27 de junio, y ya hay sentencia firme, los trámites para el indulto se demoran sin fecha.

“La burocracia retrasa el proceso, si no hay plata los papeles no llegan”, arremete contra la justicia boliviana Manuel García, desde el salón del piso de su madre en Sabadell. Desesperado, desde hace algunos meses ha recurrido a la ayuda de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). A través de su vicepresidenta, Coralia Suárez, se ha podido tramitar el indulto para José. Pero todavía está a la espera de que la Justicia del país le entregue dos papeles que le abrirían las puertas al regreso a España. Se trata del certificado IANUS sobre el proceso judicial, y el certificado de antecedentes penales. Una vez conseguidos, el procedimiento obliga enviar la documentación al penal de Palmasola, para que éste emita una petición de libertad que sólo puede ser firmada por el Gobierno que encabeza el presidente Evo Morales. De momento el país andino ya a otorgado 220 indultos. Pero el temor para la familia es que el perdón para “Pepito” no llegue a tiempo, teniendo en cuenta que es toda una incógnita saber si Morales alargará el plan de indultos.

La respuesta del Gobierno

Por su parte el Gobierno de España ha emitido una respuesta por escrito a la pregunta hecha por el diputado socialista, Àlex Sáez, a la mesa del Congreso a cuenta de la situación de José en el penal de Palmasola. Según el Ejecutivo desde la detención del español, el Consulado General de España en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) ha llevado a cabo “numerosas gestiones para que en la medida de lo posible se acelere el juicio”· Continúa la misiva haciendo hincapié en que “una vez que se tenga sentencia firme, se solicitará el indulto por causas humanitarias y en paralelo el traslado a España para cumplir condena”. En la carta también se afirma que el Cónsul General, Ignacio Sánchez ha hecho llegar a las autoridades competentes del penal boliviano un certificado médico donde se indica la discapacidad mental del preso, “solicitando una atención especial y un juicio rápido”. Y termina el escrito asegurando que “Pepito” es visitado por el Consulado General, “quien le entrega una ayuda económica para paliar las deficiencias del Centro Penitenciario de Palmasola”. Aún así, el texto recuerda que “en Bolivia los detenidos permanecen varios años en situación de preventivos”.

El cambio del Cónsul, la esperanza de José

Pero a pesar de los trámites y gestiones anunciados por del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Manuel denuncia que se ha visto empujado a buscar ayuda fuera de nuestras fronteras como consecuencia de la inacción del Gobierno. “Sólo han hecho dos gestiones”, dice Manuel con un resquicio de amargura. Según la familia de “Pepito”, por un lado, el Consulado habría tramitado la solicitud para reclamar una sentencia firme. Por el otro, se habría pedido la visita de un médico forense que evaluara la salud física y mental del preso español. Manuel asegura que durante el reconocimiento médico alguien del cuerpo consular español debería haber estado presente pero denuncia “que no fue nadie”. El próximo septiembre toma posesión Joan Borrell, el hijo del ex ministro Josep Borrell, como nuevo Cónsul español en la Paz, tras la cesión de sus funciones del actual. “Tenemos la esperanza que con el cambio mejore la situación de mi hermano y se aligeren los trámites”, afirma Manuel.

Otro punto a parte merece para la familia de José García la ayuda económica que a el Consulado da a los presos españoles en el extranjero. Manuel asegura que no se cumplen los plazos de visita ni tampoco las cantidades de dinero asignadas. “Deberían visitarlos una vez al mes y la última fue el pasado mayo”. Cada quince días Manuel intenta enviar 50 euros, unos 300 bolivianos al cambio, para poder pagar la comida a su hermano preso.

Pepito masca hoja de coca para soportar el penal

A pesar de que atrás quedaron las palizas extremas de otros presos, las descargas eléctricas, los robos, abusos y vejaciones en el penal. Todo, según el hermano de “Pepito”, debido a su adicción a la cocaína y a su vulnerabilidad mental”. Desde hace unos meses y gracias a la intermediación de varios voluntarios y religiosos, José se encuentra en el pabellón médico P5. Comparte celda con enfermos de tuberculosis. “De momento sé que mi hermano no consume por la nariz, pero sí que se pasa todo el día masticando la hoja de coca”, afirma Manuel. “Vendió la tela mosquitera a cambio de una bolsa de hoja de coca”, se lamenta. “No es consciente de sus actos, sin la tela le puede picar el mosquito del dengue”, teme Manuel. Con impotencia recuerda las palabras de su hermano desde el presidio, “si no masticara hermano, no podría soportar esto, estaría todo el día nervioso”. A Manuel se le quiebra la voz cuando recuerda cuanto aprecia la llamada diaria desde España al penal”, si no te escuchara cada día me mataría”.