Abigail Fernández, portavoz del sindicato de Letrados

La ley 10/2012 de tasas judiciales, apuesta estrella del ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, amplió el pago de un tributo para poder iniciar un proceso judicial a prácticamente la mayoría de la población. Cualquier persona física o jurídica, ya fuera un ciudadano de a pie o una gran empresa. Un divorcio o una separación salían por 168 euros. Una reclamación contra una sanción administrativa, unos 200 euros, informa elDiario.es. Ahora, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional parte de la ley por considerar desorbitadas las cuantías de esas tasas.
La sentencia del TC se hizo pública la semana pasada y resuelve un recurso de inconstitucionalidad planteado por el grupo parlamentario socialista. “Las conclusiones a las que llega son que una parte del recurso ya ha perdido su objeto”, asegura Abigail Fernández, portavoz del Sindicato de Letrados. Aún así, la sentencia deja claro que el elevado coste de las tasas ha excluído a muchas personas de poder hacer efectivo su derecho fundamental de poder litigar.
La Ley 10/2012 ha sufrido varias reformas a lo largo de su corta vida ya que desde un primer momento dejaba varios flecos sueltos. Amparándose en las sucesivas reformas, el alto tribunal, cree que el recurso de inconstitucionalidad ha perdido parte de su objeto. Así pues, hay varias cuestiones en las que el Constitucional no entra a valorar.

Sobre lo que sí se pronuncia es sobre la cuantía de las tasas. Determina que se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con lo cual anula parte de los preceptos que todavía estaban vigentes. La situación se presume complicada en juzgados y tribunales. ”¿Qué hacemos en este momento, seguimos reclamando esas tasas que han sido anuladas?”, se pregunta Abigail Fernández. Como la sentencia deja abiertas varias cuestiones el sindicato de Letrados pide al ministerio de Justicia que las aclaré cuanto antes.

Abigail Fernández, portavoz del sindicato de Letrados

En su resolución, de setenta páginas, el Constitucional deja claro que ésta tiene efectos limitados. Por lo que todas aquellas personas que han pagado tasas durante los años en que estaba la ley plenamente en vigor no podrán recuperar el importe que han abonado para poder litigar. «No hay absolutamente ninguna fórmula que pueda permitir que una persona reciba de nuevo el dinero que pudo pagar por tasas», reconoce Fernández. Ese dinero se ingresó en su momento en la agencia tributaria y no lo va a devolver porque así lo ampara la decisión del TC.

La ley vinculaba los ingresos por tasas a la justicia gratuita. Según la Agencia Tributaria, durante el primer año se recaudaron 317 millones de euros. En el segundo, a causa del efecto disuasorio la cantidad descendió a los 200 millones. Pero durante estos años las partidas de los presupuestos generales destinadas a la justicia gratuita han sido muy inferiores, rondan los 34 millones de euros. «La diferencia es abismal y consideramos que el minsterio de Justicia tiene que dar unos datos transparentes, tiene que explicar dónde han ido a parar los ingresos por tasas judiciales», reclama la portavoz del simdicato de Letrados.

Después del pronunciamiento del alto tribunal varias asociaciones de la judicatura entre las que se encuentra el sindicato que encabeza Abigail Fernández reclaman a Justicia que derogue definitivamente la ley de tasas en su totalidad. «Se trata de una decisión política y nuestra opción es que las tasas no deberían sufragar la justicia gratuita sino que la financiación debe ir por otras vías, consideramos que el ministerio debe  aclarar esta situación», reflexiona Abigail.

Desde el sindicato de Letrados su postura es que no se deberían seguir exigiendo las tasas teniendo en cuenta que se han declarado incosntitucionales. Por eso han anunciado que no se quedarán de brazos cruzados. «Nos digiremos directamente al ministerio y a los grupos parlamentarios con una petición a través de nuestros superiors jerárquicos, para que informen y determinen cuál ha de ser la actuación en juzados y tribunales en donde en principio se ha de seguir pidiendo estas tasas que han sido declaradas inconstitucionales», sentencia Abigail Fernández.